Informe médico de incapacidad cognitiva en el mayor: cuándo y cómo se hace

Caso típico: la familia que no puede ayudar legalmente

Un hijo cuenta que su padre, de 84 años, lleva dos años con un deterioro cognitivo evidente. Ya no recuerda si ha pagado los recibos, ha hecho transferencias que no sabe explicar, ha firmado papeles que no entendía y ha recibido llamadas comerciales que le han colocado productos que no necesitaba. El banco pide una autorización que el padre ya no puede dar con garantías, el notario no ve claro que comprenda lo que firma y la familia no tiene ninguna figura legal que le permita actuar por él. Todos están de acuerdo en que «no está para administrar lo suyo», pero nadie tiene un papel que lo diga con la solvencia que exige la administración. Lo que falta no es el problema —ese es obvio— sino el documento que lo acredite.

Este escenario es uno de los motivos más frecuentes por los que una familia acude a un Doctor en Psiquiatría. No vienen buscando un tratamiento nuevo, sino un informe que ponga por escrito, con criterio clínico y lenguaje defendible, hasta dónde llega y dónde no llega la capacidad mental de su mayor. Ese informe es la pieza que abre o cierra muchas puertas: la solicitud de medidas de apoyo ante el juzgado, la actuación de un familiar ante el banco, la decisión sobre un internamiento o el respeto a una voluntad expresada cuando aún había juicio.

Qué es —y qué no es— un informe de incapacidad cognitiva

Conviene precisar el lenguaje, porque importa. Desde la reforma operada por la Ley 8/2021, el derecho español ya no habla de «incapacitar» a una persona ni de «incapacitación judicial», sino de establecer medidas de apoyo para quien tiene la capacidad limitada. El objetivo del sistema ya no es sustituir la voluntad del mayor, sino apoyarla en lo que necesite y respetarla en todo lo demás. Por eso, cuando esta página y muchas familias hablan de «informe de incapacidad cognitiva», en rigor se refieren a un informe médico que documenta el grado de deterioro cognitivo y su repercusión sobre la capacidad de decidir y administrar, que sirve de base para que un juez determine qué apoyos concretos necesita esa persona.

Ese matiz no es académico. Un informe bien hecho hoy no se limita a afirmar que «el paciente carece de capacidad»: describe qué cosas concretas puede seguir haciendo por sí mismo, cuáles no, y para cuáles necesita acompañamiento. Un mayor con demencia moderada puede ser perfectamente capaz de expresar dónde quiere vivir y con quién, aunque no pueda gestionar una cartera de inversiones. El informe que solo dice «no es capaz» es un informe pobre y, además, contrario al espíritu de la ley vigente. El informe útil gradúa.

Tampoco es lo mismo que una nota del médico de cabecera o un informe de alta hospitalaria. Esos documentos describen la enfermedad, pero rara vez responden a la pregunta jurídica que importa: ¿en qué medida esta persona comprende, razona, retiene la información relevante y manifiesta una decisión sobre un asunto concreto? Un informe de incapacidad cognitiva está construido precisamente para responder a eso.

Cuándo es necesario este informe

Hay varias situaciones típicas en las que la familia necesita este documento. La primera es la solicitud judicial de medidas de apoyo (lo que antes se llamaba proceso de modificación de la capacidad): el juzgado pide pruebas médicas del estado cognitivo, y un informe psiquiátrico previo, además del dictamen del forense, ayuda a orientar el procedimiento. La segunda es la actuación ante entidades bancarias o aseguradoras, que exigen acreditar por qué un familiar va a operar en nombre del mayor. La tercera es la notarial: cuando se quiere otorgar o revocar un poder, hacer testamento o firmar una compraventa y hay dudas razonables sobre si el mayor comprende el acto. La cuarta es la valoración de la validez de actos ya realizados —un contrato firmado, una donación, un cambio de testamento— cuando se sospecha que se hicieron sin capacidad suficiente. La quinta es la protección frente a abusos: estafas telefónicas, manipulación de un familiar interesado, ventas a domicilio aprovechando la confusión del mayor.

En todos estos casos, el denominador común es el mismo: hace falta convertir una impresión clínica difusa («ya no está bien de la cabeza») en una descripción médica precisa, fechada, motivada y firmada por un facultativo que pueda sostenerla.

Qué se valora en la consulta antes de redactar

El informe no se improvisa ni se firma a distancia sobre la palabra de la familia. Requiere una valoración directa del mayor. En la consulta se realiza una entrevista clínica, se explora el estado cognitivo con instrumentos orientativos de cabecera (orientación temporal y espacial, memoria reciente y remota, atención, cálculo, lenguaje, capacidad de juicio y de abstracción, reconocimiento del propio estado), y se valora especialmente la llamada capacidad de juicio sobre el acto concreto que motiva el informe. No es lo mismo valorar si alguien puede firmar un testamento sencillo que si puede gestionar un patrimonio complejo: la exigencia cognitiva es distinta y el informe debe ajustarse a ello.

Se revisa además la documentación previa: informes de neurología, pruebas de imagen, analíticas que descarten causas reversibles de deterioro (déficit de vitamina B12, hipotiroidismo, fármacos sedantes, depresión que simula demencia), e informes de evolución que permitan ver si el deterioro es estable o progresivo. Esta revisión es decisiva, porque un informe que afirme una incapacidad permanente sin haber descartado una causa tratable es un informe peligroso: hay confusiones agudas, depresiones graves y efectos de medicación que remedan una demencia y se revierten.

Qué contiene un informe bien hecho

Un informe de incapacidad cognitiva solvente incluye, como mínimo, los siguientes elementos. Identificación del paciente y de quien solicita el informe, con la finalidad declarada. Antecedentes médicos y psiquiátricos relevantes. Historia del deterioro: cuándo empezó, cómo ha evolucionado, qué repercusiones ha tenido. Resultado de la exploración cognitiva realizada, con descripción de las funciones conservadas y alteradas. Diagnóstico, en términos clínicos, con la salvedad de que el diagnóstico de demencia, cuando procede, debe estar suficientemente fundado. Y, lo más importante para su uso, una valoración graduada de la capacidad: para qué actos concretos conserva capacidad el paciente, para cuáles no y para cuáles necesita apoyo. El informe se cierra con la firma del facultativo, su número de colegiado y la fecha, y se redacta en un lenguaje comprensible para quien no es médico, porque lo van a leer jueces, notarios y empleados de banca, no colegas.

Un informe de capacidad no es un sello que diga «sí» o «no». Es un retrato fiel de lo que esta persona todavía puede decidir por sí misma y de lo que necesita que otros le ayuden a sostener. Esa diferencia protege su dignidad y, a la vez, protege su patrimonio.

Dr. Joseph Salama, Doctor en Psiquiatría

Diferencia con la valoración forense y con la valoración de la capacidad de obrar

Conviene situar este informe entre otros documentos parecidos para no confundirlos. El informe médico-psiquiátrico de parte —el que aquí se describe— lo emite el médico al que acude la familia, y se aporta al procedimiento como prueba o se usa ante notaría o banco. El dictamen del médico forense lo emite un facultativo adscrito al juzgado dentro del proceso judicial de medidas de apoyo, y es preceptivo en ese procedimiento. Ambos pueden coexistir: el informe de parte, riguroso y previo, ayuda a que el procedimiento se oriente bien y a que la familia sepa antes de empezar qué cabe esperar. Por otro lado, la valoración de la capacidad de obrar del mayor que también se ofrece en esta sección es la exploración clínica que sirve de base a este informe; aquí se profundiza específicamente en el documento que resulta de ella y en su uso.

El equilibrio difícil: ni de más ni de menos

El mayor riesgo de estos informes es el exceso en ambos sentidos. Por un lado, hay informes que incapacitan de más: declaran a un mayor incapaz de todo cuando todavía conserva juicio para muchas cosas, lo que le arrebata derechos que aún podía ejercer y vulnera la lógica de la ley vigente, que manda restringir lo mínimo imprescindible. Por otro lado, hay informes que minimizan: por no «condenar» al paciente, evitan afirmar lo que es evidente, y dejan a la familia y al patrimonio sin protección frente a decisiones ruinosas o frente a quien quiere aprovecharse. El oficio consiste precisamente en encontrar el punto justo, describiendo con honestidad lo que hay, sin dramatizar y sin edulcorar. Por eso este tipo de informe exige experiencia clínica y un conocimiento real de la psicopatología del mayor, no solo el manejo de un cuestionario.

Por qué un Doctor en Psiquiatría con tesis sobre la vejez

El Dr. Joseph Salama defendió en 1994 su tesis doctoral «Un estudio de las actitudes en la vejez» en la Universidad de Málaga y es miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología Médica. La valoración de la capacidad de un mayor no es un trámite mecánico: exige distinguir el deterioro real de la depresión que lo simula, del efecto de los fármacos, de la confusión aguda reversible y del simple envejecimiento. Exige, además, respetar la autonomía que queda, no solo señalar la que se ha perdido. Esa mirada —clínica, prudente y centrada en la persona mayor— es la que esta consulta aporta a un documento que tendrá consecuencias importantes para el paciente y su familia.

Cómo trabajar con la consulta

Escriba por el formulario o por email a salamaioseph@gmail.com explicando la situación: edad del mayor, desde cuándo nota el deterioro, qué actos concretos motivan la necesidad del informe (firmar, administrar, otorgar poder, defender o impugnar un acto), qué documentación médica dispone y para quién se destina el informe (juzgado, notaría, banco, familia). Se le orienta con honestidad sobre si conviene una consulta presencial para la valoración, qué puede y qué no puede afirmar el informe, y se presupuesta según complejidad antes de empezar. La consulta de valoración cuesta 100 €, pagaderos en efectivo, con Visa o con Mastercard; no se acepta Bizum. El informe se presupuesta aparte.

Preguntas frecuentes

¿Sirve este informe para «incapacitar» a mi padre?

Hoy no se «incapacita»: el juez establece medidas de apoyo adaptadas a lo que la persona necesita. Este informe médico documenta el estado cognitivo y su repercusión, y sirve de base para ese procedimiento, pero la decisión legal corresponde siempre al juzgado.

¿Pueden hacer el informe sin ver al paciente?

No. La valoración de la capacidad exige explorar directamente al mayor. No se firma un informe de capacidad sobre la sola descripción de la familia.

¿Y si el paciente se niega a venir o a colaborar?

Se valora cada caso. A veces puede hacerse en su domicilio o en un entorno donde esté más tranquilo; otras veces la falta de colaboración es, en sí misma, un dato clínico que se hace constar. Cuando la situación lo exige, es el procedimiento judicial el que articula la valoración.

¿El informe garantiza que el juez o el banco resuelvan a mi favor?

No. El informe aporta una valoración médica fundada, pero las decisiones administrativas y judiciales corresponden a esos órganos. Un informe honesto describe lo que hay; no promete un resultado.

¿Cuánto tarda?

Depende de la complejidad y de la documentación previa. Tras la consulta de valoración, el informe se entrega en un plazo que se acuerda al presupuestar.

Formulario para estudiar el caso del mayor